Senadores republicanos temen que el proyecto de la Cámara afecte gravemente a las finanzas estatales y exigen una revisión a fondo
El megaproyecto de ley impulsado por los republicanos en la Cámara de Representantes enfrenta nuevas turbulencias en el Senado, y no solo por su impacto fiscal general: la reforma del programa de asistencia alimentaria SNAP (Food Stamps) se ha convertido en un foco de tensión que amenaza con bloquear la iniciativa.
Aunque se esperaba que el debate en el Senado girara en torno a cuestiones fiscales, varios senadores han encendido las alarmas por el impacto que los cambios al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) podrían tener en las cuentas estatales. En especial, preocupa la propuesta de trasladar parte del costo del programa, actualmente cubierto íntegramente por el Gobierno Federal, a los propios estados.
“Es algo que preocupa a algunos miembros. Así que tendremos que abordar eso”, advirtió John Boozman (R-AR), presidente del Comité de Agricultura del Senado, al ser consultado sobre las dudas entre sus colegas. Boozman también destacó que varios senadores quieren analizar en detalle cómo afectarán estas políticas a sus estados individuales.
Por su parte, John Hoeven (R-ND) reconoció la incertidumbre: “Eso ya lo veremos. No estoy seguro de lo que va a pasar con eso. Vamos a hablar con los miembros del comité que pueden hablar con nuestro grupo en su conjunto”. Hoeven añadió que la propuesta de la Cámara va “más allá” de lo que algunos senadores esperaban para los esfuerzos de “rendición de cuentas”.
¿Qué cambios plantea la reforma del SNAP?
El SNAP, administrado por el Departamento de Agricultura (USDA) y gestionado localmente por los estados, es el mayor programa de asistencia alimentaria del país. A través de una tarjeta EBT, las familias elegibles pueden comprar alimentos en establecimientos autorizados. El monto que reciben depende de factores como ingresos y número de integrantes del hogar.
La propuesta de la Cámara introduce cambios profundos, como:
- Requerir que los estados cubran parte del costo del SNAP, incentivando, según los proponentes, una gestión más “eficiente y eficaz”.
- Impedir que futuras administraciones aumenten las prestaciones por encima de la inflación, para evitar lo que califican como “extralimitaciones ilegales” de la Administración Biden.
- Endurecer requisitos de trabajo: elevar la edad límite de 54 a 64 años, limitar exenciones a cuidadores de niños menores de 7 años y restringir las exenciones por desempleo.
- Prohibir que los estados “manipulen” zonas geográficas o inflen artificialmente los beneficios mediante pagos nominales de energía.
- Revertir normas de la Administración Biden que, según los republicanos, inflaron las prestaciones mediante deducciones excesivas de servicios públicos.
- Restringir beneficios para inmigrantes ilegales.
- Eliminar el programa de educación nutricional SNAP-Ed, por considerarlo duplicado e ineficaz.
¿El principio del fin para el SNAP tal como lo conocemos?
La discusión sobre el futuro del SNAP no es menor: se trata de un programa esencial para millones de hogares en Estados Unidos, y cualquier cambio en su estructura de financiamiento podría tener consecuencias dramáticas en la cobertura alimentaria de las familias más vulnerables.
Mientras el Senado se prepara para debatir el megaproyecto de ley, la gran incógnita es si la reforma del SNAP terminará siendo el punto de ruptura para los republicanos, o si lograrán un consenso que mantenga a flote tanto el programa como la ambiciosa agenda legislativa del partido.